Baltasar Garzón: El camino que nos falta recorrer, es más largo que el ya recorrido
Historia, el 16/02/2012 por Amelia Dante
Baltasar Garzón Real nació el 26 de octubre de 1955 en la localidad jienense de Torres. Segundo de los cinco hijos del agricultor y posteriormente empleado de gasolinera Ildefonso Garzón Cruz, estudió en los seminarios de Baeza y de Jaén. Abandonó los estudios eclesiásticos y la familia se trasladó a Sevilla, donde Baltasar se licenció en derecho por la universidad de la capital andaluza en el año 1979.
En noviembre de 1980, contrajo matrimonio con María Rosario Yayo, con la que tiene tres hijos.
El desarrollo de su carrera
Inició su carrera judicial el 13 de febrero de 1981 en el juzgado de Valverde del Camino, provincia de Huelva, pero fue en el año 1983 cuando comienza su ascendente carrera como magistrado y, en su calidad de titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quedó con las suficientes facultades para llevar a cabo causas contra el terrorismo y narcotráfico, y además dictó numerosos sumarios contra personas y organismos involucrados con la organización terrorista ETA.
Su lucha contra el narcotráfico
Garzón también tuvo un breve paso por la política donde solo pudo acceder a un cargo de viceministro, por lo que algunos analistas suponen que por causa de su frustrada aspiración a una cartera ministerial puso en apuros a Felipe González en la causa sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Después de su paso por la política en las listas electorales del PSOE, volvió a la Audiencia Nacional, donde sus investigaciones contra el llamado terrorismo de Estado contribuyeron también a denunciar las acciones de José Barrionuevo Peña, Ministro de Interior del PSOE, con relación a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la llamada "guerra sucia" contra el terrorismo. Éste fue uno de los factores que llevó a la derrota del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones de 1996.
Baltasar Garzón también dirigió importantes operaciones contra el tráfico de drogas, especialmente en Galicia, con la operación «Nécora» (1990), con la que desarticuló la organización liderada por Laureano Oubiña, y con la operación «Pitón» (1991), con la detención de los integrantes del llamado «clan de los Charlines», que «faenaban» en las costas gallegas. Pero durante la instrucción operación «Nécora», el tribunal sentenciador no pudo tener en cuenta como prueba los pinchazos telefónicos realizados, pues no lo consideraron ajustados a derecho. A los análisis de las deficiencias legales de dichas escuchas se dedicaron cuarenta folios de la sentencia.
Contra la ETA
En 1998 intensificó una ardua actividad contra el entorno conocido de ETA, llevando a cabo amplias operaciones, por ejemplo, acusó a la Coordinadora vasca de Alfabetización y Euskaldunización (AEK) de ser el entramado financiero de la banda terrorista y aunque no pudo demostrar la relación entre ambas organizaciones, logró llevar a cabo doce detenciones y aquel mismo año clausuró el diario y emisora Egin Irratia, acusados de colaboración con ETA.
El acoso al entorno de ETA proseguiría implacablemente, a pesar de que desde algunos medios se acusaba a Garzón de atentar contra la libertad de expresión.
En abril de 2001 dictó orden de cierre de la revista Ardi Beltza (‘Oveja Negra’), cuyo director, Pepe Rei, quien ya había sido procesado por el «caso Egin», fue detenido e interrogado por considerar que utilizó este medio para los fines de la organización terrorista. Los nuevos indicios contra Rei se extraían, según Garzón, de la propia revista y del vídeo que se distribuyó con ella titulado «Periodistas, el negocio de mentir», en el que se identificaba a profesionales que después fueron objetivo de atentados o de seguimiento por miembros de ETA.
En noviembre de 2001, Garzón detuvo e interrogó a trece personas vinculadas al movimiento Gestoras Pro Amnistía (Gestorak), una de las organizaciones abertzales más sólidas en el marco del soporte y de la lucha por la repatriación de los presos de ETA. En la operación, denominada Udazken (‘Otoño’), intervinieron más de doscientos policías, quienes de madrugada practicaron las detenciones en varias localidades de las provincias vascas y de Navarra, a la vez, Garzón ordenó el bloqueo de veintidós cuentas bancarias pertenecientes a los detenidos y a algunas empresas.
En abril de 2002 amplió la instrucción del «caso Banco Bilbao Vizcaya (BBV)-Privanza» a todo el entramado financiero secreto que constituyó el antiguo BBV en el exterior, por el caso de las cuentas opacas o fondos de pensiones secretos, por importe de 19,26 millones de dólares.
Pero la actuación más comprometida y polémica del juez fue la ilegalización de Batasuna, en un auto publicado en Madrid el 26 de agosto de 2002, por un presunto delito de integración en organización terrorista. La ilegalización de la tercera fuerza política vasca provocó gran polémica y enturbió aún más la relación entre el partido gobernante en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), y el gobierno central presidido por José María Aznar, quien desde entonces iniciaría un acoso contra los nacionalistas.
El 18 de marzo de 2003 suspendió las actividades y ordenó la clausura de los locales en España y en el extranjero del Partido Comunista de España reconstituido -PCE(r)- por considerarlo el brazo político de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo), accediendo así a la petición hecha por el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, quien en octubre de 2002 había presentado un informe en el que señalaba que el comité central del PCE(r) «alimenta ideológicamente el brazo militar de la organización terrorista».
Causa contra Augusto Pinochet y las dictaduras en Chile y en Argentina
En el año 1998, año en que se aprobó en Roma el estatuto de la Corte Penal Internacional, ordenó la detención de Augusto Pinochet, que se encontraba en Londres, acusado de la desaparición de ciudadanos españoles en Chile durante la dictadura del general (1973-1990).
Garzón cobró fama internacional por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.
Garzón ha manifestó su deseo de investigar también al ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en relación con la instauración de las dictaduras de la década de 1970 en América Latina en lo que se llamó la Operación Cóndor., aunque Garzón no ha sido el único magistrado no estadounidense que ha intentado investigar el papel de Kissinger en el golpe de estado pinochetista, destacando en esta tarea la magistrada francesa Sophie Hélène Chateau.
A principios de septiembre de 2000, acusó al ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México el 24 de agosto, de los delitos de terrorismo, genocidio y torturas, presuntamente cometidos cuando integraba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) argentina durante la dictadura militar (1976-1983). Según Garzón, Cavallo aparecía imputado ya desde el 7 de julio de 1998 en el sumario que él mismo instruye por delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura militar argentina y, atando cabos descubrió la «operación Cóndor», que unía a todas las dictaduras del Cono Sur. El Tribunal Supremo mexicano concedió la extradición de Cavallo a España en junio de 2003, y un mes después el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogaba la Ley de Punto Final, el decreto de 2001 que impedía la extradición a terceros países de militares acusados de cometer delitos durante la dictadura.
Garzón asimismo abrió la posibilidad de que se levantaran en España cargos de genocidio contra funcionarios argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976-1983. En ese marco, el 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión.
Otros casos relevantes internacionalmente
En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa desaforar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo.
En diciembre de 2001, Garzón puso en marcha una investigación de las cuentas en el extranjero del segundo banco más grande de España, BBVA, por supuestos delitos de lavado de dinero. En enero de 2003, el magistrado criticó acremente al gobierno de Estados Unidos por la detención de sospechosos de Al Qaeda en la bahía de Guantánamo, Cuba. También hizo una campaña intensa contra la guerra de Irak de 2003, y ordenó el arresto de Osama bin Laden, jefe de la red terrorista Al Qaeda.
Contra los crímenes del franquismo
Desde septiembre de 2008 Garzón estuvo recabando información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española. El 16 de octubre del 2008, Garzón emite el primer auto declarándose competente y justificando su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, e instruyó la apertura de 19 fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.
De acusador a acusado
Garzón despierta polémicas, amor y odio pero jamás indiferencia y su popularidad no ha dejado de aumentar, aunque él se niega a ser considerado un juez estrella, a no ser que ello signifique que «da luz», que ilumina, como tantas veces ha ironizado.
Además Garzón no disimuló sus sospechas de que la reforma judicial pactada por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 2001 tiene como objetivo, entre otros cambios, la desaparición precisamente de jueces como él.
Pero a pesar de los reproches de sus colegas y de las recriminaciones del PP en casos como el de Augusto Pinochet o la guerra de Irak, Garzón ha proseguido con su plan sin inmutarse y haciendo caso omiso de las numerosas amenazas recibidas por quienes son objeto de sus cuidados sumarios.
Pero una cosa es cierta, Baltasar Garzón no se amilanaba ante nadie, ni siquiera ante los poderosos, así lo demostró al procesar al dictador Augusto Pinochet; cuando desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA; cuando persiguió a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y está investigando las torturas cometidas en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush.
No obstante, Gazrón podría acabar sentado en el banquillo de los acusados e inhabilitado hasta por 20 años ya que se ha puesto en tela de juicio su proceder para obtener información para sus causas.
Las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, le acusan de prevaricación, vale decir, de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975).
Se sostiene que el magistrado en realidad no pretendió investigar los “horrendos crímenes del franquismo”, sino que actuó con la finalidad de controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil.
Este no es el único proceso abierto contra el magistrado ya que también pesaban sobre Garzón dos querellas más. Una de ellas, que no fue admitida a trámite, la presentó un abogado del caso “Gürtel”, una trama de corrupción instruida por el propio Garzón y en la que están implicados medio centenar de miembros del opositor Partido Popular (conservador, PP). José Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa, cabecilla de la trama, le acusó de prevaricación, porque Garzón espió las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado.
El juez podía haber sido condenado de 2 a 6 años de cárcel, pero no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas “no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
A esta nueva querella se une otra ya existente que el Tribunal Supremo sí admitió, en esta ocasión vino de la mano de los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de los años 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid.
Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares y los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.
Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás “ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santander”. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de “absurdas y esperpénticas”; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.
Pero si llega ese momento y el juez se sienta en el banquillo de los acusados, deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a la banda armada ETA, o las investigaciones de los delitos de torturas y malos tratos cometidos en Guantánamo en la administración W. Bush, una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de EU.
Su tarea es reunir pruebas y argumentos para que otros jueces de la Audiencia Nacional puedan enjuiciar casos, aunque esos colegas han dejado entrever en más de una ocasión que el trabajo de Garzón no les impresiona. Han puesto en libertad a varios acusados -desde dirigentes de la rama política de ETA hasta narcotraficantes- por falta de pruebas convincentes. Y hasta le llamaron la atención porque en un libro escrito por la periodista Pilar Urbano, Garzón: el hombre que veía amanecer (2001), «cometió quiebras del deber de guardar secretos» que constaban en algunos sumarios por instruir, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Finalmente, el CGPJ no sancionó al magistrado, porque «las pruebas practicadas no han logrado acreditar suficientemente la autoría de tales infracciones».
La suspensión fatal
El Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) decidió el 14 de mayo de 2010 suspender al juez Baltasar Garzón, luego que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ordenara la apertura de un juicio oral en su contra. La CGPJ además, pospuso el posible traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional de La Haya. 
La noticia le ha sido comunicada mientras tomaba declaración a un imputado y, tras conocer la decisión, Garzón abandonó la Audiencia Nacional entre abrazos y ovaciones de amigos y colegas y gritos de “¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!”, sin poder evitar las lágrimas. Además varios jueces han entrado en su despacho para transmitirle su solidaridad.Miles de personas reprobaron la suspensión del juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, entre ellos, el escritor y Premio Nobel portugués, José Saramago, anunció en su página Web que la decisión es una de las noticias “más tristes” que ha recibido nunca, y agregó “Las lágrimas del juez Garzón son hoy mis lágrimas”.
Ha estado imputado en tres causas abiertas en el Tribunal Supremo Dos de ellas continúan su proceso; la primera tuvo un fallo contrario a Garzón: finalmente el 9 de febrero de 2012, este tribunal le condenó por prevaricación de forma unánime por las escuchas ilegales durante la investigación del caso Gürtel con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta».
Es así que el juez con mayor prestigio de España, fue condenado a 11 años de inhabilitación. El juez que destapó el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje, ha sido expulsado de la carrera judicial.
Es así que el juez con mayor prestigio de España, fue condenado a 11 años de inhabilitación. El juez que destapó el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje, ha sido expulsado de la carrera judicial.
Reconocimientos
Se podrán decir muchas cosas de Garzón (que es ambicioso, que no desdeñó su candidatura al Premio Nobel de la Paz, que aspiró a cargos políticos...), pero nadie deja de reconocer que es un juez tenaz. Y eso, en España, y fuera de ella, tiene gran mérito, como lo atestiguan los numerosos premios que ha recibido:
Reconocimiento a la Contribución para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional (1998)
Mejor Juez de Latinoamérica (1999/2000)
Medalla de Oro al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas (2001)
Premio Internacional Paz y Solidaridad de la Fundación Ignis Ardens de Roma (1995)
Fuentes y enlaces
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/14/espana/1273839064.htmlhttp://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=506333
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